Una política de Estado frente al caos: El PP propone rigor y humanidad ante la irresponsabilidad de Sánchez
España atraviesa una situación migratoria absolutamente extraordinaria que el actual Gobierno se niega a gestionar con la seriedad que el país requiere. Con una población extranjera que ya representa el 14,4% del total —más de 7,1 millones de personas— y un aumento de 2,5 millones en los últimos siete años, la presión demográfica es inaudita. Actualmente, residen en el país 840.000 inmigrantes en situación irregular, una cifra alarmante comparada con los 107.000 registrados en 2027. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez no es la responsabilidad, sino una regularización masiva de alcance imprevisible que actúa como una «cortina de humo» para tapar escándalos políticos y las tragedias de Adamuz y Gelida, por las que nadie en el Gobierno asume culpas.
El fracaso de un Gobierno que instrumentaliza la vulnerabilidad
La gestión del PSOE y Podemos se basa en la utilización electoral del BOE, saltándose el control parlamentario por pura supervivencia política del presidente. El PP denuncia que el Gobierno evita la deliberación en el Congreso para ocultar la ausencia de consenso en una medida de semejante calado. Esta falta de planificación tiene consecuencias graves:
Inseguridad y descontrol: Se pretende una regularización indiscriminada que rebaja los controles de identidad y sustituye la comprobación fehaciente de antecedentes penales por simples «declaraciones responsables».
Agravio comparativo: Es injusto que se tramite en tres meses la situación de cientos de miles de personas mientras las vías legales siguen siendo lentas, burocráticas y limitadas a casos muy específicos como deportistas o camareros de buque.
Colapso de los servicios públicos: La medida carece de memoria económica y desplaza los costes a las comunidades autónomas. La sanidad ya sufre el colapso con 840.000 personas en lista de espera y el mercado de la vivienda presenta un déficit de 700.000 inmuebles. Además, en 2025, más de 550.000 inmigrantes recibían ayudas públicas sin trabajar.
Efecto llamada y mafias: Mientras que en el resto de Europa los cruces irregulares bajan, en la ruta española crecieron un 14% en 2025. Esto envía un mensaje de impunidad que lucra a las redes de tráfico humano.
Aislamiento europeo: España se está convirtiendo en el «coladero» del espacio Schengen, rompiendo el Pacto Europeo de Migración y yendo en dirección contraria a países como Alemania, Francia, Italia o Grecia, que están endureciendo sus políticas de retorno y control. Actualmente, el sistema de retornos en España es ineficaz, ejecutando solo el 17% de las órdenes dictadas.
La propuesta del PP: Una alternativa basada en la ley y la integración
Frente a la improvisación y el caos, el Partido Popular presentó en octubre de 2025 un plan de inmigración basado en reglas claras que huye de respuestas radicales:
Mando único y autoridad: Es fundamental acabar con la dispersión de competencias para garantizar criterios homogéneos y mitigar el colapso administrativo.
Fronteras seguras: No puede haber regularización sin un refuerzo real de los medios humanos, técnicos y materiales en nuestras fronteras para evitar que la irregularidad sea la norma de entrada.
Sistema «por puntos»: La regularización debe ser una decisión individual, no un premio colectivo. Se debe acreditar trabajo real, formación, conocimiento del idioma e integración efectiva, además de la ausencia fehaciente de antecedentes penales.
Nacionalidad y firmeza: La nacionalidad debe ser un mérito, no un derecho automático. El PP exige el retorno ordenado para quienes no cumplan los requisitos y la expulsión automática de aquellos extranjeros que cometan delitos graves, reincidencia o fraude documental.
Mientras el Gobierno de Sánchez utiliza la precariedad legal de miles de personas por interés político y tensiona los barrios generando inseguridad, el Partido Popular apuesta por una política de Estado que combine humanidad con justicia, protegiendo tanto a los españoles como a los inmigrantes que sí cumplen la ley.
